Mientras se llega a la verdad sobre si el traslado de las pinturas de Sijena es posible o no lo es técnicamente, sin riesgo para estas delicadas obras de arte, hay que subrayar que en esta polémica se están orillando dos premisas. La primera es que hay una sentencia firme que condena al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a devolver al monasterio aragonés unas pinturas que le fueron arrebatadas hace ochenta años, en virtud de unos acuerdos que la Justicia ha declarado nulos. La segunda, y más importante, es que la decisión última sobre si la sentencia se puede o no ejecutar, y cómo, corresponde exclusivamente al juzgado de Huesca donde se inició el procedimiento. Los responsables del MNAC crearon una comisión que reproduce la estructura de su patronato, con presencia del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Cultura, al que se invitó en insólita minoría al Gobierno de Aragón. La utilidad de esta estructura que pretende suplantar a las partes del proceso ha sido inexistente y los representantes aragoneses se levantaron de la mesa porque el MNAC ya había informado al juez de la imposibilidad técnica del traslado. La politización de este problema es evidente y, aunque el MNAC y la Generalitat se manifiestan respetuosos con la sentencia, esa comisión avanza sin pausa para justificar la negativa. Este martes llegó a amenazar con responsabilidades a los expertos que firmen en sentido contrario a su criterio. Y el Ministerio de Cultura responde a la misma paradoja, lo que demuestra que es una estrategia política. La presencia del Gobierno aragonés en ese foro es, por lo demás, incomprensible.