Hola, hola. El intervencionismo del Gobierno en instituciones lo conocemos bien. La lista de abusos es demasiado larga, desde el Tribunal Constitucional a la Fiscalía, pero la novedad está en las empresas. Sánchez se quitó la careta aquel sábado que decidió llamar al entonces presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, para que fuera a Moncloa. Y fue, claro que fue, pero pensando que la reunión sería con el presidente para preparar la Cumbre de Davos, que empezaba el lunes. Y no, no hablaron de Davos, sino que salió del complejo presidencial destituido. Ni siquiera le recibió el presidente, sino su hombre económico, Manuel de la Rocha. Hasta ahí el desprecio, y sobre la mesa el mensaje que rápidamente entendió el Ibex-35, como ellos mismos reconocen a poco que les tires de la lengua: «Aquí mando yo».

Al parecer todo empezó con el intento de Pallete de cargarse a Javier de Paz, y resulta que dos meses después el nuevo presidente de Movistar + va a ser... Javier de Paz, un hombre de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Y quién es el negociador de La Moncloa con Puigdemont? ¿Y dónde ha puesto el foco Junts, como hemos contado en este periódico? En el Ibex-35.

La línea de puntos empieza a ser suficientemente larga para ir sacando conclusiones, aunque aún es pronto para saber cuál es el objetivo final. Y ese triángulo que forman Moncloa, el PSC y Junts explica cómo el poder catalán está tratando de aterrizar en Madrid. «Es la sociovergencia, que ha vuelto de la mano de Sánchez Llibre», me explican con meridiana claridad en los círculos empresariales que se relacionan con La Moncloa.

Y a todo esto, la Fundación La Caixa y Criteria devuelven su sede a Barcelona, como ya hizo hace unas semanas el Banco Sabadell. Una decisión impagable para el Gobierno y para la Generalitat, que apuntalan así su discurso propagandístico de que Cataluña está normalizada.

La pregunta en el aire, y de lo que se habla en esos círculos empresariales, es hasta dónde está dispuesto el Gobierno a llegar para presionar a la Fundación Bancaria la Caixa, y esto inquieta mucho porque el Estado controla el 18 por ciento. «Preocupa que el Gobierno meta la mano y politice una fundación que ha sido un éxito porque ha funcionado con criterios ajenos a los intereses políticos y se gestiona desde dentro», me explican.

Y añaden: «Es una cuestión de país preservar la independencia del primer grupo bancario industrial español». Y por ahí van los temores, y los tiros. Esto es todo. No me cites, cuéntalo.